Policía Federal, 90 años de contar con la confianza de México

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Desde 1928, la Policía Federal de México despliega sus capacidades para cumplir con la misión de proteger y servir a la ciudadanía. Conoce las diversas etapas en su desarrollo, que al día de hoy la colocan como la institución policial más confiable y eficaz de México

El primer antecedente de la actual Policía Federal de México, lo encontramos en la Comisión Nacional de Caminos, creada mediante la Ley que introdujo un impuesto federal sobre Ventas de Primera Gasolina, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de abril de 1925.

Dicha Comisión se integró por dos representantes del Ejecutivo Federal, nombrados por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de Comunicaciones y Obras Públicas.

El tercero de sus integrantes era un representante de los causantes del impuesto federal sobre ventas de primera mano de gasolina, es decir, de los usuarios de los caminos nacionales.

Esta Comisión dio lugar a la creación del Departamento de Caminos en la estructura de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), con el objeto de instrumentar el control y la vigilancia del tránsito en los caminos nacionales y en los de concesión federal.

Aunque si bien no se integró un cuerpo policíaco, se definieron atribuciones de vigilancia mediante el Reglamento de Tránsito de los Caminos Nacionales y en los de concesión federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1928, a través del Capítulo VI “Vigilancia y Policía”, que comprendía los artículos 95 al 102.

Dicho Reglamento se expidió en cumplimiento a lo previsto por el artículo tercero transitorio de la Ley de Caminos y Puentes Federales, publicada en 1926.

En el mes de abril del año 1928, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, plazas para crear un cuerpo policial adscrito a la Oficina de Tránsito, cuya especialidad fuera la vigilancia en los caminos nacionales, a fin de garantizar la seguridad pública. Dicha autorización llegó el 17 de mayo del mismo año.

En el mes de julio de 1928 quedó integrado el primer escuadrón de Agentes Vigilantes de la Policía Federal de Caminos, con un total de cincuenta y tres elementos. Se les dotó de apoyos materiales, equipo móvil y armamento.

Estaba conformado por un Jefe o Comandante, cinco Cabos Vigilantes de Primera, cinco cabos Vigilantes y cuarenta y dos Agentes Vigilantes. Su primer Comandante fue el General zapatista Alfredo Serratos Amador.

El 31 de agosto de 1931 se expidió la Ley sobre Vías Generales de Comunicación y Medios de Transporte, mientras que el 31 de diciembre de 1932, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de Tránsito en los Caminos Nacionales y en los Particulares de Concesión Federal.

En el Capítulo VII “Policía de Caminos”, se dispusieron las funciones de la Policía Federal de Caminos, albergadas en los artículos 141 y 142. Posteriormente, por acuerdo del Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, el 1º de febrero de 1938, la Oficina de Tránsito Federal adquirió el nivel de Departamento y la Policía Federal de Caminos, el de Oficina.

El 24 de noviembre de 1939, siendo Presidente Lázaro Cárdenas del Río, se publicó el Acuerdo que decretó la militarización de la Policía Federal de Caminos, formando parte del Ejército Nacional, como milicia auxiliar y reserva del instituto armado.

El 16 de mayo de 1941 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el primer Reglamento de la Policía Federal de Caminos, que contempló una estructura compuesta por el Jefe de la Policía Federal de Caminos, Jefes de Servicio, Jefes de Agentes Inspectores, Agentes de Primera y Agentes de Segunda.

El propio Reglamento ordenó además la equivalencia de grados en la escala jerárquica respecto a los establecidos para el Ejército. De esta forma, el Jefe de la Policía recibía el grado de Coronel, los Jefes de Servicios de Capitanes Primeros, los Jefes de Agentes los de Capitanes Segundos, Agentes de Primera el de Teniente y los Agentes de Segunda recibirían el grado de Subtenientes.

Como requisito, para ser designado Jefe de la Policía, era necesario ser nombrado por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, además de haber pasado por todos los grados inferiores. De igual forma, el Reglamento señalaba que el servicio de la Policía Federal de Caminos era una carrera profesional, que iniciaba con los requisitos de ingreso y terminaba con el retiro.

Se establecieron las atribuciones y deberes del personal, incluyendo el de la figura de Agente de Guardia, los encargados de los servicios en los destacamentos y de los Jefes de Agentes, así como reglas de disciplina para el personal y la creación de la Junta de Honor, que contaría con atribuciones para dictaminar sobre los castigos correccionales a imponerse al personal y acordar lo relativo a la antigüedad, escalafón, propuestas de ascensos, postergas, reingresos y notas para la hoja de servicio.

Para premiar los actos del servicio, se establecieron las condecoraciones de “Valor Heroico”, “Perseverancia” y “Mérito Policíaco”.

El segundo Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1953, contempló una estructura similar a la del Reglamento de 1941, que incluía al Jefe de la Policía Federal de Caminos, el Subjefe de la Policía Federal de Caminos, Jefes de Servicio, Jefes de Agentes, Agentes de Primera y Agentes de Segunda.

En dicho Reglamento se ordenó que la Policía Federal de Caminos mantenía su calidad de oficina del Departamento de Tránsito Federal y se previó la existencia de Jefaturas de Zonas y de Región. Asimismo, se consideró el carácter de confianza de todo el personal de la Corporación, la rotación de Jefes de Servicio y Jefes de Agentes a distintas zonas y regiones, de acuerdo al sistema dispuesto por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.

El Reglamento también señaló que el propio Secretario designaría al Jefe y Subjefe de la Policía Federal de Caminos a su libre elección, los Agentes de Segunda por convocatoria pública y el resto de personal por promoción de ascensos.

También se instituyeron sanciones para el personal, consistentes en amonestación verbal, por escrito y pública, así como arresto e informe para cese de funciones.

Es importante destacar que la designación para ocupar los cargos de Jefe y Subjefe debía hacerse eligiendo de entre los Jefes de Servicio con categoría de Policía “B”. Para entonces, administrativamente solo existían las plazas de Policías de Tránsito “A” y “B”, que se obtenían por escalafón y por nuevos ingresos a través de la Escuela Corporativa, creada en 1952 y a la que se le dotó de un reglamento en el año de 1961.

El 13 de julio de 1972 se publicó el tercer Reglamento de la Policía Federal de Caminos, en el que se dispuso que la Institución era una dependencia de la Dirección General de Autotransporte Federal, con categoría de Departamento. Ello permitió simplificar su estructura a Jefe y Subjefe de la Policía Federal de caminos, así como a Jefes de Servicios.

Adicionalmente se simplificó el espectro de sanciones para el personal, para quedar en amonestación, suspensión temporal y cese.

El 25 de agosto de 1978 se publicó el cuarto Reglamento de la Policía Federal de Caminos, a la que se elevó a nivel de Subdirección, dependiente de la Dirección General de Autotransporte Federal.

Su estructura operativa quedó integrada por Jefatura de la Policía Federal de Caminos, Jefatura de Estado Mayor, Jefatura de Inspección General, Comisión de Honor y Justicia, Jefaturas de Región y Jefaturas de Destacamento.

Se distinguieron los encargos de Jefe de la Policía Federal de Caminos, Jefe de Estado Mayor, Jefe de Sección de Estado Mayor, Inspector General, Jefe de Región, Jefe de Destacamento, Oficial, Personal de Vigilancia, así como Personal de Clases Radio Operaciones y Criptógrafos.

Se previó la libre designación del Jefe de la Corporación por el Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del Jefe del Estado Mayor y del Inspector General entre los Comandantes de Región.

Los Jefes de Sección Primera (personal), Segunda (información), Tercera (operaciones) y Cuarta (logística), eran nombrados por el Director General de Autotransporte Federal, a propuesta del Jefe de la Corporación, al igual que los Jefes de Región y de Destacamento.

El Reglamento consideró la forma de suplir las ausencias de los titulares de área y dispuso las funciones de las Comisiones de Honor y Justicia, así como de Ascensos. También se otorgaron nuevas equivalencias a los grados en relación al Ejército Mexicano, desde Cabo para el Guardia de Servicio Interior de Tercera, Subteniente para Suboficial, Teniente para Oficial, Capitán Primero para Segundo Comandante, Mayor para Comandante de Destacamento, Teniente Coronel para Comandante de Región, Coronel para Inspector General y Jefe de Estado Mayor y General para Comandante General, entre otros grados.

De igual forma, se reforzó la profesionalización, al disponer que los suboficiales debían ser egresados de la Escuela Corporativa y que los ascensos se obtendrían por oposición. Como complemento, se determinaron criterios para evaluar el desempeño y establecieron los parámetros de ascenso en conceptos de conducta, antigüedad en el grado, eficiencia en el servicio, créditos acumulados y examen de promoción.

Se reiteraron los reconocimientos policiales y establecieron características de uniformes, insignias y divisas, disponiéndose que las faltas se sancionarían con amonestación, arrestos simples o severos, suspensión temporal de funciones y cese.

El 17 de noviembre de 1989 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que contempló a la Corporación como la Dirección General de la Policía Federal de Caminos y Puertos, en virtud de haber asumido entre sus funciones la vigilancia portuaria.

El esquema organizacional autorizado se integró por 15 plazas de servidores públicos superiores y mandos medios en el ámbito central y con 111 en el ámbito desconcentrado, consistentes en 24 Comandancias de Región y 87 Comandancias de Destacamento. Fue un esquema que se mantuvo prácticamente sin cambios hasta 1994.

El 19 de marzo de 1994 se reformó el Reglamento Interior de la Secretaría, que significó regresar al personal proveniente de puertos a las áreas de Marina Mercante, con lo que la Policía Federal de Caminos conservó su nivel de Dirección General y asumió únicamente la vigilancia de los caminos de jurisdicción federal.

Durante 1996 su estructura orgánica sufrió un cambio importante en el ámbito regional, toda vez que se eliminó del organigrama las Comandancias de Región y de Destacamento y se incorporaron a un tabulador especial. De así se resolvió una situación que venía arrastrando la Corporación, al no poder incrementar las plazas de dichas áreas, debido a las promociones anuales de oficiales aplicadas por mandato del Reglamento de la Policía Federal de Caminos, mismas que por las restricciones presupuestales no contaban con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El 13 de octubre de 1997 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento que dispuso que la Policía Federal de Caminos sería un Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con autonomía técnica y operativa, ampliando su esfera de competencia a la zona federal terrestre de las vías generales de comunicación en puertos, aeropuertos y ferrocarriles, en adición a las carreteras y puentes, con el objeto de vigilar y mantener el orden, procurar la seguridad pública y prestar el servicio de policía.

Con este ordenamiento, se estableció un régimen laboral de excepción, al disponerse que de conformidad con el artículo 123, apartado “B”, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de dicha Corporación se regirán por su propio Reglamento.

De igual forma, se previó que la coordinación con las fuerzas armadas y otras corporaciones policiales, federales, estatales, municipales o con otras autoridades, se llevará a cabo mediante la suscripción de convenios o con base en los acuerdos y resoluciones adoptados en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Los grados reconocidos en la escala jerárquica se fijaron en Cabo, Guardia de Servicios Interiores de Segunda y de Primera, Suboficial, Oficial, Primer Oficial, Segundo Comandante, Comandante de Destacamento y Comandante de Región.

Se determinó la operación de un Consejo Consultivo de la Policía Federal de Caminos, que constituyó un directorio de alto nivel de la Secretaría, creado con el objetivo de proponer la realización de estudios y coadyuvar al eficiente desempeño de las atribuciones de la Corporación, al impulsar la adopción de nuevas tecnologías, así como la profesionalización en todos los ámbitos de acción.

El sistema de justicia corporativa se diseñó considerando una distribución jerárquica de la imposición de sanciones al personal, en atención a su gravedad, permaneciendo exclusivamente en el cuerpo colegiado denominado “Comisión de Honor y Justicia”, la facultad de cesar en el empleo a los miembros de la Corporación, mediante un procedimiento que otorgue pleno respeto a la garantía de audiencia y del debido proceso legal.

 

Por primera ocasión, se decretó un capítulo de prestaciones, que comprendían días de descanso, vacaciones, licencias con y sin goce de sueldo, baja temporal, gastos de traslado para cursos y comisiones. En un aspecto fundamental para el fortalecimiento de la carrera policial, por primera ocasión se instauraron beneficios de carácter económico y cultural, tanto para el personal en activo como para los jubilados y pensionados.

También de forma inédita, se incorporaron las evaluaciones periódicas en materia médica y de aptitudes físicas, toxicología, entorno social y situación patrimonial, así como poligrafía.

Se indicó el retiro de las funciones de inspección, seguridad y vigilancia por edad límite para el desarrollo de actividades operativas para el personal con 65 años de edad o 35 de servicio, a fin de salvaguardar la integridad física del personal, además de aprovechar su experiencia en beneficio de las nuevas generaciones y de la propia institución, al formar parte de las actividades de consultoría, administrativas o docentes.

El 4 de enero de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de la Policía Federal Preventiva, mediante la cual se transformó la Corporación policial y se estableció su dependencia de la Secretaría de Gobernación. Entre las funciones a su cargo, se incluyó salvaguardar la integridad y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos federales, así como garantizar mantener y restablecer el orden y la paz públicos en los términos de las leyes respectivas.

La conformación de la estructura orgánica y ocupacional de la Policía Federal Preventiva, se realizó con la parte correspondiente a los recursos de la Policía Federal de Caminos, de Migración y Fiscal Federal. Su integración se llevó a cabo con el propósito de unificar esfuerzos y acciones, así como de optimizar las actividades en materia de seguridad pública, con respeto a la delimitación de atribuciones y responsabilidades entre las diferentes corporaciones involucradas.

Se determinó que la Policía Federal Preventiva se regiría por su Ley de creación, reglamentaria del Artículo 21 Constitucional en lo relativo a la seguridad pública a cargo de la Federación, de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional.

En diciembre de 1999, la Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dictaminó la conformación integral de la estructura orgánica y organizacional de la Policía Federal Preventiva, que quedó constituida por un total de mil 231 plazas de mando, de las cuales 56 correspondían a puestos de estructura, 5 a puestos homólogos por norma, 149 puestos homólogos por autorización específica y mil 21 a puestos de alto nivel de responsabilidad.

El 30 de noviembre del año 2000, mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se creó la Secretaría de Seguridad Pública, con los propósitos fundamentales de desarrollar las políticas de seguridad pública, proponer la política criminal en el ámbito federal para controlar y disminuir los delitos, para lograr que la sociedad mexicana viva en un clima de confianza, mediante la preservación del orden y la paz públicos, en estricto apego al respeto a los derechos humanos.

En consecuencia, se reformó el Artículo 2 de la Ley de la Policía Federal Preventiva y se transfirió como Órgano Administrativo Desconcentrado a la Secretaría de Seguridad Pública, dictaminando su vigencia a partir del 6 de febrero del año 2001, con la publicación de su Reglamento Interior en el Diario Oficial de la Federación.

En septiembre del año 2001, la Policía Federal Preventiva propuso la actualización de la denominación de las áreas que conformaban su estructura básica, a fin de que hubiera correspondencia con lo establecido en el Artículo 9 de su reglamento, así como las modificaciones en su estructura ocupacional básica y no básica.

En el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 se contempló la implementación del Nuevo Modelo Policial, basado en la aplicación de métodos de investigación e inteligencia, fortalecimiento de acciones de prevención e investigación del delito, así como la homologación de procedimientos sistemáticos de operación y la coordinación con los tres niveles de gobierno.

En este contexto, el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al Artículo 21 Constitucional, que expone que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. Se puntualiza que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y Municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y la persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos que la Ley y de las respectivas competencias que la Constitución señala.

De igual forma, indica que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

Resalta el reconocimiento constitucional a la facultad de la Policía en la investigación preventiva, a efecto de evitar la comisión de actos ilícitos y preservar la seguridad pública.

El 1 de junio de 2009, por decreto presidencial, se asentó que la Policía Federal era un Órgano Desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Entre sus atribuciones, tiene la facultad de aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate a los delitos, investigar la comisión de delitos bajo la conducción del Ministerio Público de la Federación, en términos de las disposiciones aplicables, además de prevenir la comisión de los delitos mediante la investigación y persecución para hacerla efectiva.

Se ordenó que la Policía Federal se regiría por la Ley de la Policía Federal, reglamentaria del Artículo 21 Constitucional en lo relativo a Seguridad Pública a cargo de la Federación y por el Reglamento de la Ley de la Policía Federal, que le otorga sus atribuciones en materia de investigación y combate a los delitos cometidos, conforme a dicho precepto constitucional.

El 17 de mayo del año 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley de la Policía Federal, con el objetivo de establecer las relaciones jerárquicas de la Institución, sus estructuras normativas y operativas, organización territorial, atribuciones de mando, dirección y disciplina.

De igual forma, aborda los componentes de su régimen interno, funciones y atribuciones de unidades operativas y administrativas, prestaciones, estímulos  recompensas, además de las funciones del Consejo Federal de Desarrollo Policial.

En cuanto a su estructura orgánica, el Artículo 5 indicó que para el despacho de los asuntos de su competencia, la Institución contaría con la Oficina del Comisionado General; las Divisiones de Inteligencia, Investigación, Seguridad Regional, Científica, Antidrogas y Fuerzas Federales, así como la Secretaría General y la Unidad de Asuntos Internos.

A cada una de las áreas y divisiones se les asignaron funciones especializadas, con el objetivo de que su acción transversal permitiera un combate y atención más eficiente del delito.

Para su debido funcionamiento se asentó que se contaría con un Comisionado General, Secretario General, Jefes de División, Coordinadores, Coordinadores Estatales, Directores Generales, Directores Generales Adjuntos, Directores de Área, Subdirectores de Área, Jefes de Departamento y Analistas.

En su Artículo 10 se advierte que las y los integrantes, cualquiera que sea su jerarquía y lugar de adscripción, debe ejercer dentro de su ámbito de competencia, las atribuciones referentes a realizar las actuaciones policiales en el desahogo de los procedimientos sistemáticos operativos conforme a los manuales correspondientes; participar en la investigación para la prevención de delitos; llenar el Informe Policial Homologado; elaborar los informes y demás documentos que se generan con motivo de sus atribuciones; aplicar los recursos humanos, materiales y financieros asignados, exclusivamente para los fines de la función pública encomendada y las demás disposiciones legales aplicables o aquellas encomendadas por el superior jerárquico.

El 22 de agosto de 2014 se publicó el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, para incorporar a la estructura básica de este Órgano Administrativo Desconcentrado, a la División de Gendarmería.

A la séptima División de la Policía Federal le corresponde realizar tareas para generar condiciones de seguridad pública, mediante el despliegue operativo en situaciones de presencia de la delincuencia organizada o un alto índice delictivo que amenace la vida, libertad, integridad o patrimonio de la ciudadanía; amenazas contra las fuentes de ingreso de las personas, relacionadas con los ciclos productivos o ante eventos en los que por su trascendencia, se determine su participación para prevenir la comisión de delitos. Cuenta además con dos misiones especializadas: la Misión Ambiental y la Misión de Protección del Patrimonio Cultural.