Representantes de la industria farmacéutica en México expresaron este jueves su confianza en que la imposición de aranceles de Estados Unidos a productos mexicanos, como ha advertido el presidente Donald Trump, no afecten a los medicamentos y a los proyectos de investigación clínica.
“Apostamos que en nuestra industria estos (aranceles) no prosperarán. Estados Unidos necesita evidentemente a la industria mexicana (...) particularmente salud, para nosotros, es una industria demasiado sensible que requiere de una atención muy diferente”, dijo Larry Rubin, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF).
En conferencia de prensa, el directivo señaló que como industria han planteado a la Secretaría de Economía en México y a las autoridades del sector estadounidense que los aranceles no deben enfocarse en cuestiones de salud.
“Es un mecanismo que en la industria de la salud no le sirve a nadie, porque estamos en la industria de curar pacientes, entonces realmente lo nuestro es vital”, señaló Rubin.
México requiere mayor inversión
El directivo ofreció una conferencia de prensa sobre los retos de la salud pública con el Gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, entre los que expuso que la importancia de mejorar la inversión para este rubro, pues actualmente se invierte sólo el 3,5 % del producto interno bruto (PIB), cuando, en promedio, en los países de Latinoamérica asciende a un 6 %.
Aunado a ello, recordó que el gasto de bolsillo en salud en México es del 47 %, “muy superior” al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde la recomendación es del 24 %.
Asimismo, destacó la importancia de la modernización de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la agilización de los procesos de aprobación de medicamentos y terapias innovadoras.
“En México existe un retraso en el acceso a la innovación, empezando por las barreras regulatorias, ya que muchas veces un medicamento tarda hasta 7 años en ser aprobado, mientras que en Estados Unidos el proceso toma 1,1 año, y en Brasil 2,4 años”, sentenció.
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